Las grandes inmobiliarias o real estate consideran que la medida es insuficiente
Las 14 mayores inmobiliarias españolas consideran que la bajada del IVA del 8 al 4 por ciento para la compra de vivienda nueva es una medida “positiva” pero “insuficiente“. Mantienen esta postura porque, según sus cálculos, el stock de vivienda solo se reduciría en un 3 por ciento en el caso de que la compraventa de inmuebles creciera un 50 por ciento de aquí a finales de año, que es el periodo durante el cual estará en vigor la medida.
El nivel de viviendas sin vender en toda España pasaría de las actuales 697.000 (otras estimaciones hablan de más de un millón) a 676.000, es decir, 21.000 menos, nivel que, según el G-14, “seguiría siendo elevado y que apenas impulsaría la iniciación de viviendas y la creación de empleo en el sector”.
Según Pedro Saura, secretario general del PSRM-PSOE, solo en la Región de Murcia existen 630 personas que tienen más de 50 propiedades inmobiliarias cada una. Además, cuantifica el delito de evasión de impuestos (tan solo los autonómicos) en 500 millones de euros.
El Gobierno ha acometido una reforma Constitucional a espaldas del ciudadano y con la complicidad del PP, la víctima ha sido el gasto público que verá recortado año tras años su presupuesto y que además verá como , por ley, habrán de saldarse otras cuentas antes que la suya, como por ejemplo la cuenta de los bancos que ‘precisen de apoyo financiero público’ para reparar el daño de la gestión privada de las entidades.
De cara a los ciudadanos, PSOE y PP intentan escenificar una ‘dura’ lucha por ver qué es más social, si gastar menos o gastar mejor, pero ninguno de los dos ha mostrado la más mínima intención de volver la cara hacia el otro platillo de la balanza, el de los ingresos, el de los ingresos que dejan de recaudarse por ser demasiado bondadoso con las grandes fortunas y con las rentas más altas y, casualmente, menos solidarias.
Precisamente el PP, que en la Región de Murcia, como en Madrid o en Valencia, se han pasado meses y meses criticando al gobierno por no permitirles que endeudaran más aún a sus respectivos ciudadanos, ahora celebran como propias las órdenes de Merkel y Sarkozy de limitar el gasto público.
Datos como este convierten las últimas acciones del Gobierno PP-PSOE en delitos contra la ciudadanía y contra la democracia social. De no ser así, ¿por qué no consultan al pueblo antes de reformar esa Constitución que era ‘intocable’ cuando se trataba de incluir las peticiones del 15M?