La capacidad de innovación de los países, entendida como un proceso sistémico de la economía es una responsabilidad compartida del Gobierno y las empresas, y por lo tanto un fiel reflejo de la capacidad organizativa y de gestión de las instituciones y el sector privado.
El Gobierno tiene la responsabilidad de ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad empresarial y debe entender que esto implica más que solo un entorno económico adecuado, tal y como lo señala el Banco Mundial en el informe de Doing Business 2013 al indicar que “los responsables políticos que busquen reforzar el sector privado necesitan prestar atención no sólo a los factores macroeconómicos, sino también a la calidad de las leyes, regulaciones y disposiciones institucionales que rigen la vida económica a diario”.
Es así como, una de las funciones preponderantes del Gobierno consiste en establecer las regulaciones necesarias que faciliten y den confianza en las interacciones entre los diferentes actores económicos sin entrar a obstaculizar innecesariamente el desarrollo de las empresas. En Costa Rica la normativa en el tema de apoyo al sector empresarial está lejos de lograr este cometido, debido a que, tenemos una colección de leyes, reglamentos y políticas desarticuladas que vuelven complejos los procesos de instalación y gestión de las empresas. Nuestro país ocupa para el 2014 el puesto 102 entre las 189 analizados en la clasificación de facilidad de hacer negocios, siendo superados por países como Panamá (55) y Guatemala (79).
Por su parte, las empresas tienen el protagonismo en el proceso de innovación, tal y como lo señaló Joseph A. Schumpeter en su teoría del empresario innovador, en donde establece que son estos los actores llamados a romper los equilibrios productivos y generar rentas extraordinarias mediante la innovación, volviéndose este un proceso cíclico cuando dicha innovación es asimilada por el mercado y produce un nuevo punto de equilibrio. En la actualidad encontramos como ejemplos de estos empresarios innovadores a los creadores de Apple, Google, Facebook, Amazon, entre otras.
En contraposición existen planteamientos más conservadores sobre el papel de la empresa, como el de Frank H. Knight y su teoría del empresario riesgo, donde su principal función es la de asegurar las rentas de los factores productivos soportando el riesgo propio de la actividad económica de la empresa. Esta concepción parece coincidir más con empresas consolidadas en donde sus gerentes tratan de mantener el posicionamiento de la empresa sin realizar cambios significativos en los que más que riesgos tengan que enfrentar la incertidumbre.
En nuestro país vivimos estas realidades, empresas consolidadas con gerentes que administran su posición de mercado y que parecen no requerir grandes procesos de innovación para seguir cumpliendo con los objetivos del negocio. La institucionalidad del país está diseñada para tramitar las posibles demandas que estas empresas realizan para desarrollar sus actividades productivas.
Por otro lado, existe un grupo de empresarios con ideas innovadoras pero sin los recursos necesarios para desarrollarlas, estos enfrentan un incipiente apoyo institucional para poder concretar esas ideas en planes de negocio exitosos. Las condiciones del mercado interno costarricense no brindan las facilidades que permitan obtener los recursos necesarios para establecer estas pequeñas empresas, que son las llamadas a ser las dinamizadoras dentro del proceso nacional de innovación.
Estos pequeños empresarios deben ser los responsables de la innovación en Costa Rica, por lo que, resulta impostergable el brindarles las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus ideas y las conviertan en empresas dinamizadoras de la economía nacional; aunque, este es un proceso que debe estructurarse con una clara visión de largo plazo es necesario obtener resultados en el corto plazo.