Por: Paola Hernández Ching
En el siglo XIX, matronas y obstetras franceses de la época se enfrentaban a las alarmantes cifras de mortalidad en recién nacidos prematuros. Los estudios de la época buscaban entonces recrear, para su aplicación en infantes, el modelo utilizado por las granjas avícolas, el cual permitía en términos generales, proveer un ambiente con la humedad y temperatura adecuadas para el crecimiento o reproducción, bajo condiciones externas controladas. Gradualmente, se implementaron mejoras en los modelos base, las cuales permitieron obtener el dispositivo de incubadora que conocemos hoy en día, el cual es utilizado ampliamente en centros médicos alrededor del mundo, elevando significativamente los índices de sobrevivencia en neonatos.
No es casualidad entonces, que este mismo término haya sido adoptado en la década de los 50, para designar a aquellas organizaciones dedicadas a apoyar la creación y fortalecimiento de nuevas empresas, brindándoles la atención y el acompañamiento necesario, durante su etapa de vida inicial hasta alcanzar la madurez necesaria, para afrontar las condiciones del mercado en el que se desenvuelven. Hoy por hoy, encontramos programas para la incubación de empresas tanto en las principales economías del mundo, como en países en vías de desarrollo.
Este proceso de creación requiere a su vez la integración actores que se entrelazan como eslabones en una cadena de valor. Por un lado, el Estado por medio de la generación de política, establece el norte que el país debe tener para reactivar su economía. A este proceso, se unen las universidades como generadoras del conocimiento y formación de los profesionales que el país requiere, así como facilitadora del proceso de transferencia del conocimiento con el sector productivo. Un tercer actor son las empresas, ya sea aportando recursos para apoyar programas de emprendedurismo o bien estableciendo sinergias con el Estado y las universidades, como complemento a un mismo fin.
El financiamiento es el cuarto elemento que complementa los tres anteriores, es decir, de dónde se obtienen los recursos para que estas iniciativas de incubación alcancen el objetivo para el cual han sido creadas. En nuestro país, la proveniencia de estos fondos puede ser pública o privada. Para el primer caso, el Reglamento antes mencionado, establece en su artículo 94 la creación y fortalecimiento de incubadoras de empresas mediante modelos de capital semilla y capital riesgo. El Reglamento del Programa Capital Semilla, emitido por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo impulsa como parte de sus fines “…incrementar el número empresas con ventas crecientes por más de dos años” y a su vez “…fomentar la incursión de inversionista privados con el fin que incrementen los recursos dirigidos a Capital Semilla.”
Con respecto a los fondos privados, los capitales de riesgos los constituyen principalmente firmas constituidas por un grupo de inversores privados que reúnen una cantidad determinada de dinero para realizar inversiones de distinto tipo. (Loidi, 2013). La normativa del Sistema de Banca para el Desarrollo, establece que estos recursos ayudan a “…identificar empresas que estén naciendo con la posibilidad de que puedan crecer rápidamente, con actividades innovadoras que permitan un acelerado potencial de rendimiento”.
Al realizar un análisis retrospectivo sobre los principales componentes de esta cadena de valor (estado, universidades, empresas y financiamiento), se denota que la integración efectiva y armoniosa de los mismos constituye una de las principales dificultades que enfrentan las organizaciones dedicadas a este proceso de incubación. Por un lado, el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos por establecer normativa e instancias específicas que promuevan tanto el emprendimiento como su proceso de incubación. Las universidades como grandes gestoras del conocimiento, poco a poco estrechan en forma más estratégica este vínculo con el sector productivo nacional en búsqueda de una relación ganar – ganar; ejemplo de lo anterior lo constituyen los programas de emprendimientos y más recientemente la creación de incubadoras y aceleradoras de negocios como parte integral de su quehacer.
Por su parte, las empresas ya consolidadas reconocen los beneficios del apoyo a la incubación, el cual no solo se ve reflejado positivamente en sus estados financieros como participación accionaria en el caso de capital de riesgo, sino también en cuanto a responsabilidad social empresarial, requisito indispensable en procesos de evaluación de calidad. El financiamiento podría ser entonces una de las principales dificultades a enfrentar en la materia, dado que, ante múltiples necesidades y recursos escasos, se requiere un efecto multiplicador similar al milagro del pan y los peces, y a su vez el establecimiento de mecanismos que garanticen su sostenibilidad.
La aprobación de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, la creación de la RNIA y la reciente aprobación del contrato de préstamo Nº 2852/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, constituyen importantes esfuerzos orientados a brindar fuentes de financiamiento que complementen la labor de las incubadoras.
Vincular efectivamente los elementos antes descritos, constituyen un verdadero desafío como país, lo cual implica no solo incidir en la reactivación de las economías, incrementando efectivamente los índices de sobrevivencia de las empresas incipientes, y por ende, haciendo realidad cientos de ideas de negocio, tanto de emprendedores como de pequeñas y medianas empresas.
Acerca del autor:
Este articulo fue escrito por Paola Hernandez Estudiante de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica de la UNA.