La actividad empresarial consiste en la ordenación de los recursos con la finalidad de elaborar bienes o servicios para satisfacer necesidades humanas. Cuando una empresa consigue beneficios significa que los recursos han sido organizados de forma eficiente y que las necesidades de sus clientes se han satisfecho de manera adecuada.
Gracias al sistema financiero, la propiedad de las empresas, dividida en acciones, puede ser adquirida por numerosos accionistas, de forma individual o agrupados en fondos de inversiones o fondos de pensiones, que participan de los beneficios que obtiene la empresa, y que ofrecen a éstos la posibilidad de conseguir rentas pasivas de forma que cuando no se pueden obtener rentas procedentes del trabajo sigan teniendo ingresos suficientes para poder vivir con desahogo. Los recursos que obtienen las empresas a través de la inversión de los accionistas le permiten crecer y mejorar su tecnología, creando nuevos puestos de trabajo que son ocupados por trabajadores jóvenes que se van incorporando al mercado laboral, a quienes les proporciona los ingresos necesarios para poder fundar una familia.
El aumento de familias con poder adquisitivo, aumenta la demanda de los bienes y servicios que producen las empresas, aumentando por tanto los beneficios de los inversores, y también los ingresos que percibe el estado por vía de impuestos sobre los beneficios, mejorando su capacidad para cumplir su función de ayudar a aquellas personas o familias que de manera eventual se encontraran en situaciones de extrema necesidad, actuando con sujección al principio de la subsidiaridad.
Para poner en marcha este proceso de efectos beneficiosos que los economistas denominan un «círculo virtuoso» se debe comenzar por el principio, esto es, que los ciudadanos no atribuyamos al estado más competencias de las que reclama un orden social justo.